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POR ÁLVARO GARCÍA LINERA: BOLIVIA YA NO SE PUEDE GOBERNAR SIN LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Tres han sido las agresiones que desencadenaron el último mes una rebelión indígena y campesina contra el gobierno de Rodrigo Paz.
6/14/20265 min read
POR ÁLVARO GARCÍA LINERA: BOLIVIA YA NO SE PUEDE GOBERNAR SIN LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Siempre es la experiencia de un agravio la que gatilla los malestares colectivos más profundos de una sociedad. Y en Bolivia, tres han sido las agresiones que desencadenaron el último mes una rebelión indígena y campesina contra el gobierno de Rodrigo Paz.
La primera fue la subida de los precios de los combustibles que se habían mantenido subvencionados durante 20 años. De un día para el otro, la gasolina se incrementó un 87 %, en tanto que el diésel, que se usa para el transporte pesado, subió un 163 %. Si a ello sumamos que la gasolina que importó el gobierno era literalmente basura, con porcentajes de carbonilla varias veces superiores a las normales que arruinaron los motores de cientos de miles de usuarios, un enfado general se apoderó de las clases populares.
En medio, vino la sensación de una “traición”. Rodrigo Paz, un candidato anodino, sin estructura política ni programa, ganó las elecciones con apoyo popular por descarte de última hora, a modo de impedir que el candidato ultraderechista de las oligarquías, Quiroga, se hiciera con el gobierno. Pero ni bien fue posesionado, se suprimieron los impuestos a las grandes fortunas y se buscó promover la venta de las pequeñas propiedades campesinas. Las corporaciones empresariales, y sus planes de depredación de lo público, que habían perdido las elecciones, ahora tenían el poder; en tanto que el voto popular, que había ganado las elecciones, ahora estaba expulsado de la toma de decisiones.
En tercer lugar, el período histórico en el que los pueblos indígena y campesinos habían experimentado por primera vez en siglos el reconocimiento de ciudadanía (2006-2019), en el que habían accedido masivamente a cargos públicos y abandonado la miseria –el 30% de la población salió de la pobreza-, fue descalificado por el gobierno, y el coro de escribanos, como meros tiempos de “barbarie”, “prebenda”, “desinstitucionalización”.
Todas estas ofensas estallaron como una ruptura moral entre los sectores populares -especialmente campesinos y urbanos populares de la zona occidental del país- y el gobierno.
De manera expansiva, los bloqueos de caminos ejecutados por campesinos ocuparon todo el occidente del país. La COB, que agrupa a los trabajadores asalariados formales, sirvió de caparazón inicial de la movilización. Obreros de fábricas y minas salieron a marchar, pero no paralizaron las actividades productivas.
La verdadera fuerza venía de las comunidades campesinas aymaras y los barrios periurbanos de la ciudad de El Alto. No procedía de un mando centralizado ni de un líder visible. Los bloqueos de caminos emergían regionalmente, fruto de asambleas provinciales, llevando a paralizar todas las carreteras que comunican la sede de gobierno –La Paz- y las ciudades altiplánicas -El Alto, Oruro, Potosí- con el resto del territorio. Después de semanas, el trópico de Cochabamba, lugar de influencia del expresidente Morales, se sumó parcialmente al bloqueo de las tierras altas aymaras.
Y es en esta cualidad indígena-campesina de la movilización donde precisamente radica la causa estructural subyacente de todo el malestar social, y que cualquier proyecto político, de izquierdas o derechas, ya no puede eludir. En Bolivia ya no se puede gobernar sin los pueblos indígenas. No es un tema de opción ideológica, preferencia moral o benevolencia. Es un dato estructural de la realidad sociológica del país.
Desde el año 2000, los pueblos indígenas han atravesado el camino del poder: desde la construcción discursiva de la emancipación indígena -acuérdense de la maravillosa frase del líder aymara Felipe Quispe al expresidente Sánchez de Losada de hablar “de presidente a presidente”-, pasando por el poder de vetar a quien no va a ser presidente –Gonzalo Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga-, hasta definir quién sí va a ser presidente -Evo Morales-. Por ello, ya no es posible una Bolivia sin los llamados “indios”.
En términos estrictos, este empoderamiento indígena tiene que ver con cómo se ha construido históricamente la ciudadanía en Bolivia.
Toda ciudadanía moderna en el mundo tiene una arquitectura institucional de cuatro pilares. Un sistema de derechos y responsabilidades legalmente consagrados. Un sujeto emblemático del acceso a la ciudadanía (por ejemplo, los sindicatos. Una economía política de logros y concesiones de la ciudadanía (acuerdos tripartitos): Y una forma de redistribución de los recursos públicos que da sustento material a los derechos (el gasto público social). Es en torno a estos pilares que gradualmente se ha construido la ciudadanía jurídica, política y social.
En Bolivia, la igualdad ante la ley (siglo XIX) y política (1952) fue solo de papel, por la vigencia de las discriminaciones raciales que regulaban el acceso a la justicia y los cargos públicos. La ciudadanía social, con el reconocimiento de sindicatos, derechos laborales y acceso a la atención de salud, se logró conquistar después de varias insurrecciones, pero solo para el 20 % de la población con trabajo formal.
Y es que en sociedades heterogéneas y con varias nacionalidades mayoritarias en su interior, como la boliviana, estos tres niveles de ciudadanía son incompletos porque no abarcan a toda la sociedad y consagran mecanismos racializados de exclusión. Por ello, desde el año 2006 se ha ido construyendo la ciudadanía plurinacional capaz de agrupar la complejidad social. Esta ciudadanía plurinacional ha supuesto: 1) El reconocimiento constitucional de las naciones indígenas, de su idioma e historia como oficiales. 2) El reconocimiento de los sindicatos, comunidades, gremios, asociaciones barriales como sujetos colectivos de derecho y mediación con el Estado. Se tratade un corporativismo democrático que articula modernidad con tradición. Y 3) la asignación de recursos públicos en la territorialidad indígena y campesina –en promedio un 35 % de la inversión pública anual- y la priorización de transferencias monetarias directas hacia los sectores populares, reduciendo la subvención a los sectores empresariales.
Esto ha permitido que el 80 % de la población que carecía de derechos sociales, y cuya “protección” estaba a cargo de acciones de beneficencia de iglesias, oenegés o del gobierno, ahora haya conquistado su ciudadanía materialmente efectiva. Y hoy están movilizados para impedir que se la expropien.
Al momento de escribir este texto, los bloqueos de carreteras aún continúan. Si el gobierno comete el error de una represión sangrienta, la sublevación pudiera expandirse aún más. El malestar social es profundo. Si el gobierno opta por el desgaste, el movimiento ya ha llegado a un tope de expansión sostenida en la movilización campesina que, por ahora, no le permite ganar. Para la renuncia del gobierno faltaría la adhesión movilizada de nuevos sectores de la ciudad de El Alto y de algunos barrios populares de la ciudad de La Paz. Pero, después de casi 40 días de parálisis del transporte, caída de la actividad comercial, desabastecimiento y exorbitantes precios de los alimentos, es muy difícil que esa movilización urbana acontezca.
Lo cierto es que esta lucha por la defensa de la ciudadanía indígena conquistada recién se inicia. Se volverá a repetir por oleadas, según los ciclos agrícolas, hasta lograr algún tipo de inclusión o triunfo. La extirpación de la ciudadanía plurinacional requeriría la extinción de las naciones indígenas Aymara, Quechua, Guaraní, etc. Ciertamente, no faltan quienes lo propugnan gritando en las redes: “haga patria, mate un indio”. Pero los indígenas son la mayoría demográfica y política del país y su trabajo es el que sostiene a Bolivia. Por lo tanto, antes de que esas amenazas se cumplan, será más fácil la disolución de las minorías oligárquicas.
* Este artículo se publica en simultáneo con Diario Red de España.